El Gobierno quiere proteger a las mujeres que abortan, pero no encuentra el sistema. Ayer, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que estudia la creación de un "marco básico" que garantice la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de las mujeres que decidan abortar. Hace 15 días también dijo que no pensaba dejar que se "intimidara" a las mujeres que habían ejercido su derecho a interrumpir el embarazo.
El problema viene después de las declaraciones. Hace 15 días, en pleno escándalo por las investigaciones de mujeres que habían abortado en Madrid, la tajante afirmación de la vicepresidenta quedó en una llamada del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al de Madrid, Manuel Moix, para que actuaran con "delicadeza".
Ayer, el Ministerio de Justicia anunció que ha encargado un estudio a la Agencia de Protección de Datos para que indique cómo puede protegerse más la intimidad de las mujeres que acuden a un centro privado a abortar. Pero en la misma nota en la que hace el anuncio, Justicia admite que las historias clínicas ya gozan de la máxima protección. Sólo el juez puede pedir las historias -una a una- a los centros privados que practican la interrupción del embarazo (ellos son responsables del 97% de los abortos), recuerda la presidenta de la asociación de centros acreditados ACAI, Eva Rodríguez.
Mínimos de calidad
Más fácil lo tiene el Ministerio de Sanidad. Ayer, un portavoz apuntó las medidas que pueden tomar dentro de sus competencias. Básicamente, establecer unos mínimos de calidad en los centros privados que practican abortos, y obligar a que todas las comunidades firmen convenios con los centros privados que regulen el flujo de información entre éstos y los servicios autonómicos de salud.
Actualmente, en comunidades como la de Madrid los acuerdos son verbales, indica Rodríguez. Ello quiere decir que no hay un sistema blindado por el que los hospitales públicos envíen a las mujeres a las clínicas privadas para abortar, ni para que éstas facturen sus servicios a los sistemas de salud. El resultado es un posible agujero que puede romper la privacidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de febrero de 2008