El juez Baltasar Garzón ha sido tajante en su investigación sobre las organizaciones del entorno proetarra. En los próximos tres años, ni ANV ni el PCTV podrán presentarse a las elecciones. Las sedes de ambas formaciones quedan clausuradas temporalmente y sin suministro de agua, luz y teléfono, y todos sus bienes y dinero confiscados y bloqueados al igual que las subvenciones y ayudas que le correspondan. Ninguna de las dos fuerzas puede organizar ningún tipo de actividad política: ni mítines ni manifestaciones ni actos partidistas... Nada.
El hecho de que el Tribunal Supremo -el de mayor rango en España- sólo haya decidido cortar la financiación pública de ambos partidos y supender la presentación de candidaturas de ANV no implica que el resto de medidas dictadas por Garzón hayan perdido vigor. El Gobierno, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ha tratado de impedir por dos vías diferentes que formaciones herederas de Batasuna puedan estar presentes en el Congreso o en el Senado después del 9-M. Se trata de dos procesos independientes ante dos tribunales distintos.
El primero nace de tres sumarios abiertos por Garzón contra el entorno de ETA-Batasuna en los que varios dirigentes del PCTV y ANV están imputados por colaboración con banda armada y asociación ilícita. En esa causa penal -que tras la instrucción tendrá que juzgar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional antes de llegar al Supremo- el fiscal solicitó el pasado 1 de febrero como medida cautelar la suspensión de actividades de ambos partidos por considerarlos "incardinados en el complejo terrorista ideado y liderado por ETA". El juez accedió el viernes a esa petición.
El segundo proceso abierto contra ANV y PCTV son las dos demandas de ilegalización presentadas respectivamente por la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante la Sala del 61 del Supremo, que ya ilegalizó a Batasuna. En sus escritos, pidieron también como medida cautelar sendas suspensiones de actividades como las acordadas por Garzón que, finalmente, el alto tribunal no ha adoptado. A efectos prácticos da igual porque las decretadas por Garzón siguen vigentes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de febrero de 2008