El Departamento de Economía quiere desprenderse de la imagen de que los temas de consumo atañan, valga la redundancia, exclusivamente a los consumidores, y que la única misión de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) es multar por no rotular en catalán, que es por lo que se caracterizó cuando estaba en manos de ERC. El consejero Antoni Castells firmó ayer un pacto con las principales organizaciones de empresarios y comerciantes para que se impliquen en el asunto. "Las políticas de consumo también son cosa de la empresa", afirmó Castells.
El Gobierno catalán y los patronos colaborarán en una nueva legislación
El convenio, firmado ayer en un solemne acto en la sede del departamento, prevé crear una comisión con cinco ejes de trabajo: mejorar la información y la formación en materia de consumo a las empresas, fomentar el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y consumidores, impulsar el consumo responsable, luchar contra la competencia desleal y seguir fomentando la normalización del catalán.
La comisión viene a ser lo que es el Consejo de Personas Consumidoras de Cataluña para los consumidores y usuarios: el órgano de representación y consulta de las asociaciones que les defienden. Por eso en el convenio firmado ayer no figura ningún representante de los consumidores. Las dos partes ya se reúnen en la ACC, aclaró el consejero, quien elogió el nuevo rumbo de la Agencia, por su papel durante el apagón de Fecsa-Endesa del verano en Barcelona y por sus últimas actuaciones en sectores como la unificación de deudas, las aerolíneas y los juguetes.
En este sentido, el director de la ACC, Jordi Anguera, destacó el objetivo de profundizar en la colaboración con la Dirección General de Aduanas, dependiente del Gobierno central, para estrechar el cerco a los productos que vienen de países emergentes, que en muchos casos no cumplen los estándares de calidad europeos, como los juguetes y la ropa. El presidente de Pimec, Josep González, mostró su satisfacción al respecto.
Otro de los trabajos de la comisión será el de adaptar la normativa de consumo a los nuevos tiempos. "Hay mucho que hacer en este campo. La legislación es muy antigua, de 1993, y ha habido muchas directivas europeas desde entonces. Tenemos que simplificar y clarificar", prosiguió Anguera. "A los empresarios nos gusta poca legislación, pero fuerte", ahondó el presidente de Fomento, Joan Rosell.
El presidente de las Cámaras catalanas, Miquel Valls, destacó el "esfuerzo" del departamento "por el diálogo, más allá de su actividad de coacción y sancionadora". También suscribieron el pacto las asociaciones de comerciantes CCC, ABC y Comertia, la Confederación de Talleres de Reparación, y las patronales Cecot y Fepime.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de febrero de 2008