El Parlamento guatemalteco restableció ayer la pena de muerte, suspendida desde 2002 por un conflicto de interpretación legal, para poner freno a la violencia que ha hecho de este país, con una media de 16 asesinatos al día, el tercero más violento de América Latina, superado sólo por Venezuela y El Salvador. La ley restituye al presidente la facultad de conceder o rechazar las peticiones de gracia presentadas en última instancia por los reos.
El presidente Álvaro Colom, que asumió el cargo hace un mes, anunció ayer que no indultará a los presos condenados a muerte -41, en la actualidad- y destacó que respetará la decisión de los tribunales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de febrero de 2008