El juez ha citado a declarar, sólo cuatro días antes de las elecciones del 9 de marzo, a los dos altos cargos y los dos funcionarios de las Consellerías de Política Territorial y de Economía contra los que el PP ha presentado una querella por la adjudicación de las obras de construcción de la autovía del Barbanza.
La orden judicial cita como imputados al director general de Obras Públicas, Manuel Morato Miguel, al director general de Política Financiera e Tesouro, Eugenio García Lalinde (ambos altos cargos), al subdirector general de Estradas, Antonio López Blanco, y a la jefa del servicio provincial de carreteras de la provincia de A Coruña, Teresa Palacios Alonso. Los cuatro están llamados a declarar el 4 y el 5 de marzo, informa Europa Press.
El PP les acusa de la comisión de supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, negociación prohibida a funcionarios y abusos en ejercicio de su función.
"Absoluta normalidad"
La Consellería de Política Territorial calificó ayer de "absolutamente normal" la admisión a trámite de la querella y se limitó a puntualizar que la Xunta prestará la máxima colaboración. La consellería "tiene la absoluta certeza" de que la justicia "certificará la corrección, rigor y transparencia de la adjudicación de las obras de la autovía del Barbanza", del mismo modo que la asesoría jurídica de la Xunta ratificó "la procedencia y pulcritud" de todo el proceso.
El PP sostiene que la adjudicación de la carretera se guió por motivos partidarios y costará a las arcas públicas 30 millones más de lo inicialmente previsto.
El portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, aseguró ayer que la admisión a trámite de la querella cuestiona el "talante democrático" de los grupos que sustentan el bipartito porque se negaron hasta en dos ocasiones a crear una comisión de investigación. "Ahora le corresponde a la justicia seguir investigando lo que el Gobierno se negó a aclararle a toda Galicia", aseguró.
El dirigente popular espera que la investigación judicial sirva para "aclarar" lo que calificó de "desvío" de 30 millones de euros en el marco de "un proceso anómalo" que el "obstruccionismo" de PSdeG y BNG ha impedido abordar en el Parlamento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de febrero de 2008