Dos meses después de que la Dirección General de Transportes de la Generalitat "intensificara el control de los autobuses escolares" ante el cúmulo de irregularidades denunciadas (en unos casos, por los propios transportistas tras verificar que "ni las matrículas, ni los horarios, ni los seguros de algunas concesionarias estaban en regla") lo que culminó en enero con 129 expedientes sancionadores de la Policía y la Guardia Civil, por fin ayer la Consejería de Educación reaccionó a lo que es el tercer caso de alcoholemia desde que inició la campaña. Se trata del chófer ebrio detenido hace 72 horas en La Pobla de Vallbona.
Y lo hizo por boca de la número dos de Educación, Concha Gómez, que llamó a rebato a la Federación de Municipios y Provincias, Policía Local, Delegación de Gobierno (sin competencias desde 1984) y a los 640 chóferes escolares que llevan años pidiendo a la Administración educativa, responsable de las inspecciones según el pliego del concurso, que actúe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de febrero de 2008