"Cada registrador cobra por alargar una hipoteca una media de 50 euros. No creo que esa cantidad desincentive a nadie que quiera hacer esta operación". Es la opinión de Miquel Silvestre, uno del millar de registradores de la propiedad que hay en España.
A la espera de conocer la propuesta definitiva, Silvestre se queja de que los aranceles que cobran por alargar el plazo de una hipoteca ya se redujeron un 90% en la reforma legislativa de 1994. "Ya eran suficientemente bajos, y ahora parece que quieren que trabajemos gratis", dice. "Y eso no le gusta a nadie", añade.
Ni el Colegio de Registradores ni el Consejo General del Notariado quieren decir una palabra más alta que la otra. Los dos prefieren esperar a que se celebren las negociaciones con el Ministerio de Economía para detallar los aspectos económicos de la propuesta.
Pero el malestar de Silvestre, próximo al Consejo de Gobierno de los registradores, es evidente. "Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Si yo me equivoco y lesiono el derecho de un particular, tengo que indemnizarle de mi bolsillo. Y esa responsabilidad hay que pagarla de alguna manera", dice Silvestre.
Todos los implicados son conscientes de que la iniciativa socialista queda a expensas de lo que ocurra en las elecciones del 9 de marzo. Y que a partir de entonces habrá mucho margen para negociar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de febrero de 2008