La ex diputada foral de Guipúzcoa Mari Carmen Marín ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior contra la norma foral de las Juntas Generales que restringió que los diputados cobrasen cesantías al dejar sus cargos públicos. El juntero socialista Julio Astudillo reveló ayer la iniciativa de Marín para tratar de impugnar la nueva norma, aprobada en noviembre pasado con los votos del PNV, EA, Ezker Batua y Aralar, la oposición de los populares y la abstención del PSE.
EA precisa que la ex mandataria no se halla afiliada al partido
La Diputación pagó al menos 300.000 euros a nueve de los once diputados de la pasada legislatura, entre ellos a Marín, y al ex diputado general, el peneuvista Joxe Joan González de Txarri. Acogiéndose a una norma aprobada en 2005 por todos los partidos, percibieron 5.525 euros mensuales (6.524 euros en el caso de Txabarri) aunque ya disfrutaban en ese momento de otros empleos.
La modificación de esta norma supuso acotar las condiciones para el cobro de las cesantías, de forma que ahora sólo pueden percibirlas los cargos salientes que acrediten que se hallan en el desempleo. Además, la norma foral incluyó la obligación de devolver las cantidades percibidas desde julio del año pasado.
Marín, elegida por EA como diputada para los Derechos Humanos y la Inserción Social durante el pasado mandato, ha solicitado al Superior la anulación de la nueva reglamentación al considerar que resta derechos que figuraban recogidos en la normativa original. Eusko Alkartasuna precisó ayer que Marín no está afiliada al partido y que no comparte la decisión de su ex diputada.
Las Juntas Generales trataron ayer el asunto de las cesantías y aprobaron una resolución que insta a los ex diputados a que, "apelando a la ética", devuelvan las prestaciones recibidas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de febrero de 2008