La Iglesia católica recibe este año del Estado en torno 4.300 millones para financiar su imponente organización educativa, hospitalaria o de caridad. Además, Hacienda transfiere a la Conferencia Episcopal otros 153,01 millones para sueldos de obispos y sacerdotes (el 34% más que en 2006). Las otras confesiones, en cambio, han de repartirse 4,5 millones de euros con la condición de destinarlos a actuaciones que no tengan nada que ver con el culto o el clero. Sólo tienen derecho a ese dinero tres de las seis confesiones que han obtenido del Ministerio de Justicia la calificación de "notorio arraigo" -protestantes, musulmanes y judíos, pero no testigos de Jehová, mormones y budistas-. El resto no recibe nada. Todos se quejan del incumplimiento por el Estado de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1981.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de marzo de 2008