La detención de un ginecólogo en Barcelona y la apertura de varios procedimientos judiciales, unidos a imputaciones a mujeres y agresiones al personal de clínicas privadas de interrupción de embarazo han llevado el aborto a la primera línea informativa en los últimos meses.
Cada año, desde su despenalización en 1985, aumenta el número de abortos, los hospitales públicos apenas los practican y las mujeres todavía necesitan alegar graves trastornos psíquicos para poder abortar a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, que permiten el aborto libre en las primeras semanas de embarazo. IU, Esquerra Republicana y BNG proponen ahora una ley de plazos. El PP, que se cumpla la normativa. El PSOE habla sólo de la necesidad de abrir un debate social y se compromete a regular la objeción de conciencia de los médicos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de marzo de 2008