La anunciada legalización del consumo de algunas drogas en Argentina ha levantado una gran polémica en el país. Hasta tal punto que el Gobierno tuvo que aclarar ayer que "nunca habrá droga libre en Buenos Aires". Y es que el Ejecutivo de Cristina Fernández ha anunciado que propondrá un cambio legal por el cual el consumidor no será considerado un delincuente. Un modelo similar al español. Hasta hoy, al menos en el terreno teórico, Argentina practica una política de tolerancia cero respecto a las drogas.
Las autoridades argentinas consideran que esta política ha fracasado porque equipara "al adicto con el traficante", según explicó ayer el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. A su juicio, es más importante dar atención médica a los consumidores y perseguir el narcotráfico que emplear los recursos del Estado en abrir procesos penales contra los drogadictos. Un cambio notable en la postura de Argentina, que hasta ahora secundaba la persecución del consumo, ratificada por la Convención de la ONU de 1989.
En Argentina existen unos 440.000 cocainómanos, según datos oficiales. El incremento de la entrada desde Bolivia de esta droga -y sobre todo de los componentes para fabricarla- ha provocado un dramático incremento en su consumo y la introducción del paco, el residuo que queda después de la fabricación de la cocaína. El paco es una droga muy barata -menos de 20 céntimos de euro por dosis- y extremadamente adictiva y letal. También es frecuente el consumo de marihuana y de drogas de diseño.
El anuncio del Gobierno ha provocado la división de opiniones entre los partidarios de atacar el problema con un ángulo similar al que emplean países como España y quienes advierten que la medida provocará un efecto contrario al deseado. Entre ellos, antiguos responsables de la lucha contra el narcotráfico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de marzo de 2008