La justicia adolece de demasiados problemas, el más reciente la huelga todavía sin resolver en las siete comunidades autónomas que no tienen transferida la gestión de los medios personales y materiales de juzgados y tribunales, para que un extemporáneo enfrentamiento entre jueces y fiscales por una pugna de competencias en el proceso penal venga a agravar todavía más su funcionamiento. El desencadenante de este nuevo conflicto fue una primera instrucción del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, luego seguida por una segunda, que fueron interpretadas por los jueces como un intento de extender las facultades del fiscal en la investigación del delito a la instrucción sumarial, algo que, según la ley, sólo corresponde a los magistrados.
Parece que el fiscal del Estado podría haberse excedido en sus atribuciones al abordar mediante instrucciones a sus subordinados lo que es una cuestión de ley y que, por tanto, debe ser debatida y aprobada por el Parlamento. Tampoco el momento elegido resulta el más adecuado. El fiscal del Estado ha cesado con el Gobierno que lo nombró, de acuerdo con el nuevo Estatuto del Ministerio Público, y está pendiente de su renovación, o no, en el cargo. Son momentos en los que debería ceñirse a los asuntos de trámite y, en cualquier caso, huir de iniciativas conflictivas como la que ha adoptado.
La atribución al fiscal de la investigación del delito en el proceso penal no es una idea descabellada. Forma parte del debate de la justicia de los últimos años y es una práctica que rige en países europeos como Italia, y no sólo en Estados Unidos. En la anterior legislatura, el Gobierno estuvo a punto de llevar esa reforma al Parlamento. Pero su implantación en España exigiría previamente un cambio de modelo de proceso penal, transformando su actual estructura inquisitiva en otra acusatoria y eminentemente oral y dando inequívoca prevalencia a la vista del juicio sobre la instrucción. Requiere, además, un reforzamiento de la autonomía del fiscal del Estado respecto del Gobierno, todavía insuficiente a pesar del avance que ha supuesto que su cese se produzca ahora por causas tasadas y no por decisión del Gobierno que lo nombró. Un asunto demasiado importante para ser abordado en una instrucción y en el último momento de un mandato.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de marzo de 2008