Hay una mala práctica que lleva a algunos políticos a echar siempre la culpa de lo ocurrido a sus subordinados, y desentenderse de los problemas. La responsabilidad política, que se hubiera dado en cualquier país de nuestro entorno, habría llevado en su día a dimitir de inmediato al ministro de Defensa que hubiera estado al frente del departamento cuando ocurrió una tragedia como la del Yak-42, en la que en mayo de 2003 murieron 62 militares españoles en su vuelo de regreso de Afganistán. Poco importa que el ministro personalmente no hubiera tomado la decisión de fletar aquel avión y aquella tripulación. Él era el responsable del departamento y políticamente se tendría que haber marchado en aquel mismo momento.
Pero Federico Trillo prefirió entonces, y sigue insistiendo ahora, en responsabilizar a sus subordinados o a la oscura agencia NAMSA de la OTAN. En la declaración por escrito que ha enviado al juez Grande-Marlaska de la Audiencia Nacional, el ex ministro repite una y otra vez que no era asunto de su competencia, dado lo que considera una "desconcentración" de funciones y no "una mera delegación". Es decir, escurre no ya su posible responsabilidad penal, sino también su inexcusable responsabilidad política.
El ex ministro reorienta la responsabilidad hacia "los órganos técnico-militares", es decir, en este caso, los entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa y jefe del Estado Mayor Conjunto. Niega también que hubiera relación alguna entre las obligaciones de la participación en Irak y las limitaciones impuestas en la contratación de estos vuelos desde Afganistán. En su desafío no sólo lo niega todo, sino que, abusando de su privilegio de poder declarar por escrito, se permite en los 33 folios enviados al juez incluir párrafos enteros de su libro de memorias publicado tres años atrás. Aunque intente vestirlo como un gesto de coherencia, resulta una ofensa a la seriedad de la justicia.
No parece digno que un político de esta catadura se vuelva a sentar una y otra vez en el Congreso de los Diputados. Hace tiempo que con tal actitud Trillo debería haber abandonado la política. Por incompetencia, por irresponsabilidad y, finalmente, por falta de respeto a un tribunal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de marzo de 2008