La investigación judicial del caso Mercalicante (supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la firma pública) acumula un nuevo retraso de seis meses, en este caso motivado por el recurso de uno de los imputados, el alcalde de Alicante, Luis Díaz, del PP. El parón judicial de la causa no es baladí. El alcalde espera como agua de mayo una resolución final sobre si tiene o no responsabilidad penal en el desfalco para dejar el cargo, como anunció nada más revalidar la alcaldía en mayo de 2007.
La titular del Juzgado número 1 Alicante, Cristina Costa, que dirige una cansina instrucción del sumario abierto en septiembre de 2002, sopesa desde el pasado mes de noviembre si exculpa o no al regidor y otros dos políticos imputados, el concejal Juan Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galán. En el supuesto de que la magistrada considere que hay indicios de delitos en la actuación del alcalde en la empresa pública, debe remitir el sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, por la condición de aforado del Alperi.
El regidor espera a estar 'limpio' de imputaciones para dejar el cargo
La imputación de los tres cargos del PP en el sumario de Mercalicante se produjo a raíz de una querella del Grupo Socialista Municipal, petición a la que se sumó, más tarde, el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en contra del criterio del fiscal jefe de la Audiencia, José Antonio Romero. Inicialmente, la magistrada rechazó la querella de los socialistas. Pero se vio obligada a unirla a las actuaciones de orden de la Audiencia de Alicante.
Luis Díaz Alperi mantuvo desde el principio su inocencia en este caso. El regidor alega en su defensa que fue él quien destituyó al primer imputado en el sumario, el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero, nada más tener conocimiento de las irregulares contables en la empresa reflejadas en una auditoria. Pese a ello, Clavero, en sus tres comparencias ante la juez, ha sostenido que Alperi estaba al tanto de su gestión.
Díaz Alperi concurrió con su doble imputación (Mercalicante y supuesto favor al promotor Enrique Ortiz) a los comicios de mayo de 2007. Revalidó el cargo por cuarta vez y, acto seguido anunció, que no agotaría el mandato. El regidor espera a salir limpio de su paso por los juzgados para materializar su compromiso. Fuentes de su entorno señalan que nada más se produzca ese extremo, "y se apruebe el nuevo planeamiento", dejará la alcaldía en favor de su heredera, la edil de Urbanismo, Sonia Castedo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de marzo de 2008