Una quinta parte de las quejas presentadas ante la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno vasco afectan a productos que tienen garantía. Además, también resulta muy significativo que el 33% de las personas que tienen problema con un artículo que está en garantía muestran su descontento con la solución dada por el establecimiento al que recurren.
En respuesta a esta situación, el Ejecutivo inició el pasado año 40 expedientes sancionadores que contemplan multas de 1.500 a los 3.000 euros. Hasta ahora, el grupo más importante de expedientes sancionadores de consumo abiertos de forma simultánea es por no respetar el periodo de garantía mínima de dos años que la ley establece para todos los productos de naturaleza duradera.
La respuesta del comercio ante la avería de un producto que se encuentra en garantía depende principalmente de su política de devoluciones. Así, según los datos del estudio realizado, en un 66% de los casos consultados se actúa de forma diligente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de marzo de 2008