Mi sensación de perplejidad e indignación con determinados aspectos de la justicia española va en aumento. Voy a poner tres ejemplos probablemente muy distintos pero que ilustran mi estado de ánimo.
Primero, la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Saber que determinados aspectos esenciales de nuestra sociedad no van a ser juzgados con objetividad, sino en función de una tendencia o creencia ideológica o política a mí me produce algo cercano al miedo, sinceramente.
Segundo, el conductor que circula a más de 100 kilómetros por encima de la velocidad permitida y que es absuelto y, no contento, reclama 300.000 euros al Estado.
Y tercero, el caso del presunto asesino de Mari Luz, la niña de Huelva. Después de haberse probado que abusó de su hija, de apenas cinco años, que acosó a otra menor, que se mudó y siguió acosando menores, no sólo no estaba en la cárcel, sino que sus condenas eran de risa: cuatro años, que probablemente se quedarían en la mitad.
Yo no entiendo nada. ¿Quién hace justicia? ¿Quién nos protege de esos jueces.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de marzo de 2008