El vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, defendió ayer que la futura Ley de Servicios Sociales obligue a los ayuntamientos a destinar el 7% de sus presupuestos a gasto asistencial. Quintana rechazó que la resistencia de los alcaldes al artículo de la ley que establece ese mínimo pueda interpretarse como "una discrepancia". De lo que se trata, explicó, es de "contar con la seguridad de financiación para hacer frente a esa inversión".
Quintana precisó que ese porcentaje será obligatorio a los seis años de entrada en vigor de la ley. "Tal y como están las cosas, no es decir nada fuera de lugar", opinó. El vicepresidente de la Xunta realizó estas afirmaciones en la presentación del plan de financiación a los ayuntamientos para 2008, por el que los municipios recibirán este año 63,4 millones de euros, el triple que en 2004.
De la cantidad total, 24 millones se canalizan a través del Consorcio Galego do Benestar, en el que participan Xunta y municipios, y del que Quintana rechazó que, pese a las críticas de un sector de los alcaldes, se pueda considerar ajeno a los ayuntamientos. El consorcio, afirmó, sirve para "estabilizar la colaboración con los municipios", declaró.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de abril de 2008