Tal vez sea ya el momento de reconocerlo sin ambages: contra el PP se vivía mejor. Dado que, además, en esa época llovía con cierta regularidad, la conjunción de ambas circunstancias -un Gobierno tan antipático como prepotente y una pluviometría normal- propició el éxito en Cataluña de un discurso que abordaba la problemática del agua con grandes dosis de radicalidad y de fundamentalismo, desde una explosiva mezcla entre la cultura del no y la imprevisión más temeraria.
Había que oponerse, por descontado, al Plan Hidrológico Nacional (PHN) de Aznar, y particularmente al trasvase del Ebro, que sólo pretendía alimentar los desenfrenos urbanístico-especulativos (las Terras Míticas, las Marinas d'Or y similares) en el Levante hegemonizado por el PP. Pero, no contento con eso, el discurso al que aludo execró, convirtió en crimen de lesa sostenibilidad cualquier trasvase, cualquier obra hidráulica de envergadura, cualquier transporte de agua a media o larga distancia, como si cada valle, cada cuenca fluvial, fuese una taifa independiente. En esta última línea, se sacralizó el concepto de territorio ("el territorio rechaza...", "... no puede hacerse sin el consenso del territorio..."), otorgando a una comarca o a un grupo de comarcas derecho de veto sobre políticas de alcance nacional o estatal. Se erigió a determinadas plataformas cívicas más o menos asamblearias en representantes genuinas de la ciudadanía, en pie de igualdad o incluso por encima de las instituciones democráticas. Se cultivó el sentimiento antibarcelonés latente en muchas zonas del país, propagando la imagen de una metrópoli vampírica, derrochadora insaciable de los recursos del resto de Cataluña. Y se hizo mucha, muchísima demagogia a cuenta de los efectos apocalípticos que tendría detraer del Ebro o de cualquier otro río siquiera una gota, cualesquiera que fuesen su caudal, las necesidades que atender y las circunstancias climatológicas del momento.
Nadie impugna que el sector agropecuario catalán consuma el 73% del agua y sólo produzca el 2% del PIB
Tales mensajes, inicialmente de alcance local, fueron amplificados, legitimados e incorporados a la agenda política catalana por unas izquierdas entonces en la oposición (Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa), que hallaron en la defensa del statu quo hídrico un excelente banderín de enganche frente al PP, pero sobre todo un factor de asedio y erosión contra el declinante Gobierno de Convergència i Unió. Incluso, para cortarle a éste cualquier vía de escape, el futuro tripartito coincidió con el Partido Popular en el rechazo de la hipótesis del Ródano. Todos los trasvases eran malos por definición, y no había más que hablar.
En apenas cuatro o cinco años, sin embargo, las circunstancias han cambiado mucho. En Madrid ya no gobierna el PP, sino un PSOE que derogó el PHN casi tan deprisa como retiró a las tropas de Irak y que, dando por perdidas Valencia y Murcia, contempla la política del agua con el ánimo de preservar sus feudos en Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las izquierdas catalanas, por su parte, rigen la Generalitat y, en consecuencia, tienen la imperiosa obligación de asegurar el suministro de agua a la conurbación barcelonesa, por responsabilidad y porque lo contrario sería su suicidio electoral. Y Cataluña padece la, según los expertos, peor sequía en seis décadas.
Así las cosas, que diversos miembros del Gobierno catalán hayan empleado toda clase de eufemismos semánticos para evitar, al referirse a las medidas de urgencia que planean, la palabra maldita, trasvase, no es lo más grave. Tampoco lo es que el consejero de Medio Ambiente, el ecosocialista Francesc Baltasar, envolviese de torpezas y ocultaciones su idea de conectar provisionalmente el cauce del Segre con la cuenca del Llobregat. Ya resulta más preocupante la alegría con que al fin se anunció ese proyecto de captación sin el previo acuerdo del Ejecutivo central -bajo cuya jurisdicción se halla la Confederación Hidrográfica del Ebro- y sin tomar en cuenta lo que dice al respecto el nuevo Estatuto de Aragón.
Con todo, lo peor del actual escenario no son los deslices gubernamentales, ni las contorsiones de quienes intentan preservar su virginidad ecologista frente a los embates de la realidad. Lo peor son las reacciones sociales y territoriales ante la crisis hídrica, unas reacciones que constituyen la feraz cosecha de aquello que se sembró hasta 2004. "Política vol dir pedagogia", sentenció el socialista Rafael Campalans en 1933. Pero sus herederos ideológicos creyeron que contra el PP y contra CiU, y tratándose del agua, política significaba agitación, demagogia, hurgar en supuestos agravios localistas y negar la gravedad del problema. Ahora, desde el poder, les está tocando probar su propia medicina.
De este modo, hemos visto reaparecer al inefable Manolo Tomàs, portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, para excomulgar y amenazar al Gobierno de Montilla por "trasvasista", y hemos oído a payeses, regantes y otras fuerzas vivas o corporaciones de Girona, Tarragona y Lleida denunciar cualquier hipótesis de cesión hídrica hacia Barcelona como un expolio, como un "robo" de su agua. Y es lógico: una vez demostrado que el cóctel de movilizaciones, cálculos electorales y estridencias verbales paró lo del Ebro, ¿quién va a ser tan tonto de dejarse arrebatar siquiera un metro cúbico del líquido elemento?
Mientras tanto, ningún paladín de la "nueva cultura del agua" ha impugnado aún que -según recordaba el editorial de este diario el pasado lunes- el sector agropecuario catalán consuma el 73% del agua para producir el 2% del PIB. Ninguno, tampoco, ha objetado todavía el proyecto, avalado por el Gobierno socialista aragonés, de levantar un vergel de ocio y juego en medio de los Monegros. Será que la "nueva cultura del agua" va por barrios...
Joan B. Culla i Clarà es historiador.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008