"Valencia es como una casa a medio amueblar". Lo dijo ayer la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Alborch, que recurrió a esta imagen al denunciar que el plan general urbano (PGOU) dibujó hace dos décadas 145 equipamientos públicos para los que reservó solares o edificios protegidos que siguen vacíos. Se trata de servicios socioculturales, sanitarios, asistenciales o deportivos que no se han construido y dan "calidad de vida" a los ciudadanos.
Los equipamientos planteados en el PGOU se han ejecutado en parte, pero por el camino se han perdido parcelas por recalificaciones y cambios de uso. Además, el gobierno del PP ha abierto dotaciones "de escasa calidad en plantas bajas" y no ha expropiado los solares previstos para levantar infraestructuras en condiciones, denunció el concejal Vicente González Móstoles.
Faltan dotaciones en todos los distritos, pero los que sufren un mayor déficit son Poblats Marítims, Quatre Carreres, Benicalap, Olivereta y Jesús, lo que acentúa "el retrato de una ciudad con desigualdades", en opinión de Alborch. El Grupo Socialista ha aprovechado la revisión del plan general urbano para repasar la ejecución del actual documento, con "un balance decepcionante", afirmó Alborch. Al déficit de 145 equipamientos públicos se suman 221 parcelas que hoy deberían albergar jardines, y 92 terrenos de aulas escolares. En total, 458 parcelas o edificios protegidos pendientes de albergar un servicio público en casi 1,8 millones de metros cuadrados.
El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, adelantó la respuesta a la moción que presentarán los socialistas al pleno para exigir un plan que recupere el tiempo perdido con una larga lista de nuevas dotaciones hechas desde 1991, cuando comenzó a gobernar el PP: 23 bibliotecas, 4 centros de servicios sociales, 16 museos o salas de exposición, 81 instalaciones deportivas, 38 piscinas, 35 aparcamientos públicos, 28 centros de mayores, 13 de juventud. "Vamos a seguir mejorando e incrementado en número", aseguró Bellver. El concejal también criticó al PSPV por pedir la suspensión cautelar de la revisión del plan general, una pretensión rechazada por el Tribunal Superior de Justicia, que no cree que el Ayuntamiento vaya a obviar en la tramitación "las realidades democráticas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008