La defensa del modelo comercial español y, en particular, del que aplica Cataluña, no ha convencido a la Comisión Europea. Bruselas denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión porque cree que la apertura de grandes superficies topa con "restricciones". Y esas trabas violarían el artículo 43 del tratado que regula la libertad de establecimiento de las empresas.
La reticencia del Ejecutivo comunitario con la defensa del pequeño comercio urbano de la que han hecho bandera el Gobierno tripartito catalán y el anterior de CiU se arrastra desde hace años y se ha traducido en avisos sucesivos.
La Ley de Equipamientos Comerciales catalana, aprobada por el Parlamento autónomo en 2005, sólo permite en términos generales abrir grandes superficies en las "tramas urbanas consolidadas de los municipios que sean capital de comarca o que tengan una población superior a los 25.000 habitantes".
Las alegaciones de la Generalitat a las quejas de Bruselas, que tiene en cuenta la función social del pequeño comercio urbano en la planificación urbanística, se canalizan a través del Gobierno central. Las últimas alegaciones se enviaron tras el dictamen motivado (paso previo a la denuncia) enviado por Bruselas en octubre.
Pero ayer, Bruselas no sólo cargó contra Cataluña, sino contra la normativa española. El Ministerio de Industria del Gobierno en funciones no pudo precisar las normas que se cuestionan.
En su comunicado, el Ejecutivo de la UE cita que la normativa estatal y la catalana contienen elementos "particularmente complicados y restrictivos" al autorizar la apertura de nuevos centros, que se basan en criterios "insuficientemente evidentes, previsibles y objetivos". Bruselas cuestiona, en el caso de la normativa catalana, la participación en el proceso de decisión, "aunque sea indirecta", de "otras partes con intereses económicos presentes en el mercado afectado".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008