La prohibición de la actividad inmobiliaria a concejales y alcaldes, una de las principales novedades contempladas en el anteproyecto de Lei de Vivenda, está en el alero. La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que dirige el socialista José Luis Méndez Romeu, está en contra de esa disposición, lo que ha frenado el proyecto legislativo de Vivenda, en manos de la nacionalista Teresa Táboas.
Las objeciones de Presidencia se producen cuando la norma está lista para que la apruebe el Consello de la Xunta -estaba previsto que lo hiciera ayer- y la remita al Parlamento, ya con los informes favorables de los consellos Consultivo y Económico e Social.
El rechazo de Méndez Romeu no es tanto de fondo como de forma. Su departamento no está en contra de limitar la actividad inmobiliaria de alcaldes y concejales, pero descarta que esos límites se puedan introducir a través de una ley relacionada con la vivienda, en lugar de en una ley de función pública. De ahí que formulase una alegación que será analizada por técnicos de ambas consellerías. En todo caso, será el criterio del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, el que prevalezca y permita desbloquear la ley.
A instancias de la Consellería de Política Territorial y de los ayuntamientos, Táboas ya tuvo que rebajar recientemente, en su ley de medidas urgentes para la vivienda protegida, el porcentaje de este tipo de pisos obligatorio en ayuntamientos de tamaño medio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008