La dirección del PP gallego ha decidido obviar la aplicación de los estatutos y del código ético del partido en el caso del alcalde de Dozón, Adolfo Campos, condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación contra una funcionaria del ayuntamiento. Después de una década de pleitos, el Juzgado número 3 de lo Penal de Pontevedra atendió la semana pasada las denuncias de acoso presentadas por la trabajadora e inhabilitó al regidor que lleva 20 años en el cargo.
Pese a la condena -que el alcalde tiene intención de recurrir ante la Audiencia Provincial- ni la dirección del PP de Pontevedra, ni la regional, han adoptado medida alguna en este caso, tal y como exigen los reglamentos internos del partido. De acuerdo con el código ético, los políticos populares están obligados a poner a disposición del partido sus cargos "si de la apertura de cualquier procedimiento judicial puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". Además, la organización "debe abrir una comisión de investigación que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe".
Los estatutos del partido prevén en su procedimiento disciplinario la suspensión provisional de la militancia a los afiliados "cuando se tuviera conocimiento de hechos o conductas que pudieran ser éticamente reprobables o que comprometieran el honor o la imagen del partido".
"Discusión seria"
Ninguna de estas decisiones ha sido adoptada por los órganos del PP, que sigue escudándose en que la sentencia contra el alcalde no es firme. El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, abogó ayer por "interpretar" la normativa para "buscar una aplicación proporcional de las normas". Feijóo reconoció la sentencia condenatoria pero llamó la atención sobre la actuación del fiscal que eludió presentar cargos y pidió el sobreseimiento de este caso. "Es cierto que hay una condena, pero intepretaremos los estatutos de acuerdo con el contexto en el que hay que aplicarlos", señaló el presidente regional. "No estamos hablando de corrupción, ni de malversación de fondos sino de una discusión seria entre el alcalde y una empleada del ayuntamiento", remarcó.
La situación vivida por la funcionaria le provocó un cuadro psicológico "irreversible" que derivó en una menopausia precoz, con 40 años.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008