Desde el pasado mes de junio los precios de algunos alimentos básicos como el pan, la leche, el pollo o los huevos han experimentado subidas considerables que no pueden explicarse sólo por el encarecimiento del petróleo o el espectacular aumento del consumo de cereales en países como China o India. El pan, por ejemplo, se ha encarecido más del 11% durante el último año, igual que los huevos; los precios del pollo aumentaron más del 10% durante el mismo periodo y el litro de leche casi el 30%. Esta escalada constituye en sí misma un motivo de alarma social y un desafío para las autoridades económicas. No era difícil suponer que, además de la culpa imputable al petróleo o a la demanda alcista en los países emergentes, algunas empresas o industrias estuvieran aprovechando la tensión en los mercados internacionales provocada por el aumento de la demanda de materias primas para colar de rondón subidas indeseables de los precios.
Pues bien, la Comisión Nacional de la Competencia ha abierto expediente sancionador a patronales e industrias del pan, huevos y pollo por indicios de prácticas ilegales para subir los precios. La Comisión advierte que será difícil encontrar pruebas definitivas de colusión explícita, pero esta advertencia no debería provocar desánimo. También son prácticas ilegales "las recomendaciones colectivas" -como la falsa afirmación de que en agosto de 2007 los huevos habían subido el 12% difundida por la patronal Inprovo, que sirvió como pista de despegue para encarecer el producto- u otras comunicaciones internas entre empresas encaminadas a facilitar las subidas. Los indicios razonados pueden y deben justificar una investigación, porque ya se supone que en pleno siglo XXI no es necesario recurrir a rocambolescas reuniones clandestinas para concertar precios.
La Comisión de la Competencia dispone de recursos suficientes para investigar y aplicar las sanciones que correspondan si llega a probarse que se produjeron conductas fraudulentas. Los expedientes deberían transmitir además el mensaje inequívoco de que el abuso de precios será perseguido y condenado. La credibilidad disuasoria de la Comisión de la Competencia depende en primer lugar de la rapidez y contundencia con que resuelvan los expedientes. Si se prolonga innecesariamente el trámite o se duda en la aplicación de las sanciones, se perderá gran parte del efecto ejemplarizante.
Pero, además, la Comisión y todos los servicios de control de precios de la Administración deben ganarse la confianza de los ciudadanos insistiendo por la vía de la inspección de las redes de producción y comercialización de los alimentos. La cuestión es si la Comisión y el Ministerio de Economía tienen los recursos adecuados para ejercer esta tarea. Si no los tienen, habría que dotarlos con urgencia. No conviene dejar los precios de alimentos básicos para todos los españoles en manos de logreros y especuladores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008