el responsable de LAB, Rafa Díez Usabiaga, anunció ayer la retirada del sindicato abertzale como acusación popular en el procedimiento penal del caso de la Hacienda foral de Irún, aunque seguirá por la vía judicial a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. El dirigente abertzale justificó este paso afirmando que este procedimiento permitirá "depurar responsabilidades políticas" y que el resultado de la investigación no quede "focalizado en una sola persona", en alusión al principal inculpado, José María Bravo, como resultaá en la vía penal.
La decisión del sindicato se produce después de que la Audiencia de Guipúzcoa decidiera recientemente elevar a 60.000 euros la fianza exigida a la central para personarse como acusación particular.
El Diputado de Hacienda comparece hoy ante la Comisión de Investigación
La vía contencioso-administrativa constituye, a juicio del dirigente abertzale, un "punto y seguido" en la labor de denuncia pública y de petición de responsabilidades que se ha propuesto el sindicato. Con ello tratan de que "salgan a flote" otras irregularidades como, por ejemplo, "la connivencia de incompatibilidades que permitieron el fraude y el fallo del sistema de autocontrol", algo que no se iba a resolver por el procedimiento penal.
En el juzgado de Irún que instruye el caso, ha tomado posesión esta semana la nueva titular, Arantza Brizuela, en sustitución de Almudena Ovejero, que se ha trasladado al Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián. A la nueva juez le toca concluir el proceso judicial, ya en fase muy avanzada. Entre las diligencias que aún quedan por cumplir, están la toma de declaración a los contribuyentes afectados en los doce nuevos expedientes que el actual gobierno de la Diputación envió recientemente al juzgado, tras haber ampliado el periodo de investigación hasta principios de los años noventa. Falta también la declaración del principal imputado, José María Bravo, encarcelado en Martutene.
El actual Diputado de Hacienda, Peio Gonzalez, comparecerá hoy ante la Comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investiga las irregularidades detectadas en la Hacienda foral para informar de estos 12 nuevos expedientes remitidos al Juzgado. Le seguirá el autor del informe de auditoría sobre las bajas por insolvencia dadas en 2003, Iñaki Urcelay.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008