Los indicios de irregularidades entre las personas que perciben la renta básica ha sorprendido al propio Gobierno. Un estudio sobre el perfil de los perceptores del salario social encargado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que es del que depende esta ayuda, ha revelado que un 15,6% presenta indicios de fraude. Los engaños pueden ser diversos, desde cobrar el dinero y estar trabajando con unos ingresos superiores a los estipulados por la renta básica, hasta rechazar empleos para seguir con esos ingresos sin salir de casa, entre otros.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, quiso ser muy escrupuloso al interpretar estos datos y rechazó que se tratara de fraudes generalizados. "Se trata de indicios. Nos ha sorprendido el elevado porcentaje, pero aún no se puede hablar de fraude consumado". Sin embargo, advirtió de que los mecanismos de control han fallado por parte de las diputaciones y, especialmente, de los ayuntamientos, que son los que encargan de repartir materialmente las ayudas procedentes de los presupuestos del Ejecutivo. Azkarraga instó a ambas instituciones a extremar "el celo" en el control.
Una reforma legal endurecerá la lucha contra las irregularidades
Ahora, serán las diputaciones y los ayuntamientos los que confirmen si efectivamente esos indicios se traducen en irregularidades reales. El Gobierno ha puesto los datos del trabajo en manos de los equipos técnicos de estas instituciones. El estudio ha realizado hasta diciembre del año pasado un seguimiento de 2.501 personas que a finales de 2006 cobraban la prestación. Al 8,5% no se le pudo entrevistar por su ausencia prolongada del domicilio y a otro 5%, por estar ilocalizable. "Si las personas que no se han podido localizar hubieran salido de la prestación, todo sería normal. El dato preocupante es que una parte importante la sigue cobrando". A ese 5% hay que añadir otro 2,1% de perceptores que se negó a contestar. "Son tres situaciones irregulares distintas con un nivel de riesgo de fraude también distinto, y el mayor riesgo está en los perceptores ilocalizados", apuntó Azkarraga. El consejero advirtió de que los datos demuestran que "algunos servicios sociales de base no realizan una adecuada labor de seguimiento y control", en clara referencia a los equipos de los ayuntamientos.
El Gobierno ha instado a todas las instituciones a extremar "el celo en el control" de las ayudas. Las sanciones previstas van desde el apercibimiento a la suspensión cautelar de la ayuda. La actual Ley de Exclusión Social, de la que cuelga la renta básica, ya contempla la retirada del salario social en aquellos casos en que los perceptores rechacen trabajos, pero el Gobierno ultima una reforma de la norma para que esta medida resulte aún más expresa.
En la actualidad, la renta básica representa el 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que para 2008 está fijado en 600 euros al mes. Según vayan aumentando el número de personas en el hogar, la renta también se incrementa hasta un máximo de 875 euros mensuales en el caso de un hogar integrado por cinco miembros.
El origen de esta prestación, así como de otra serie de ayudas para paliar situaciones de emergencia social en las familias carentes de recursos económicos, se encuentra en el Plan de lucha contra la pobreza, puesto en marcha por el Ejecutivo en 1989. Desde ese año, 71.143 personas han percibido la ayuda. El número de beneficiarios ha aumentado en 2007 (últimos datos oficiales y completos) hasta alcanzar las 29.585 personas, frente a las 27.521 que figuraban en diciembre de 2006.
El presupuesto de las ayudas ha crecido también y asciende este año a 189,22 millones de euros, frente a los 168 millones de 2007 y los 154 millones de euros de 2006. A pesar de que el paro baja hasta el 3%, las ayudas aumentan. Ello es debido a la presencia cada vez mayor de inmigrantes sin permiso de trabajo y los complementos a las pensiones de viudedad.
Mujer sin pareja
La encuesta, realizada entre una muestra de 2.501 personas beneficiarias de la renta básica, le ha permitido al Gobierno profundizar en el perfil de los perceptores y analizar hasta qué punto quedan atrapadas por las propias condiciones de la prestación y optan por rechazar trabajos poco remunerados.
Según los datos, la mitad de los perceptores tiene escasas posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo. En este grupo se incluye, entre otros, un 26% por razones de edad, un 8% por problemas de salud y un 8% por atender responsabilidades familiares. El perfil tipo de los beneficiarios del salario social se corresponde con el una mujer sin pareja y con hijos menores a su cargo, personas inmigrantes, y mayores que complementan las pensiones. Uno de cada cuatro beneficiarios lleva más de seis años en el programa.
Los inmigrantes suponen el 30% de los perceptores, a pesar de que los extranjeros sólo representan el 5% de la población. El consejero Azkarraga lo achacó a sus problemas para encontrar trabajo por la falta de regularización.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008