El Consejo Económico y Social (CES) mostró ayer sus dudas acerca de la introducción del copago en la futura ley de Servicios Sociales. El anteproyecto recoge el copago con criterios de progresividad, es decir, que en algunos casos el ciudadano abonará una parte dependiendo de sus ingresos. Según el CES, un órgano consultivo integrado por sindicatos, empresarios y representantes del mundo económicos y social, la fórmula del copago podría vaciar de contenido "el derecho universal en la prestación de los servicios sociales". Así lo ha recogido en un dictamen sobre el anteproyecto de ley de Servicios Sociales. El CES se muestra en líneas generales de acuerdo con el anteproyecto, pero apunta algunas preocupaciones y, sobre todo, pide más concreción en la aportación de los usuarios y la participación de la iniciativa privada.
El Gobierno, las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) han pactado el anteproyecto, un texto que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a reclamar las mismas prestaciones en los tres territorios históricos y a recibirlas en las mismas condiciones, algo que no ocurre en estos momentos. El Gobierno deba aún aprobar en su seno ese anteproyecto y remitirlo después al Parlamento para que pueda convertirse en una ley si obtiene la mayoría. Alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos disfrutan de una atención diferente y pagan por ella precios distintos, dependiendo del municipio donde residan.
Criterios concretos
El objetivo es la creación del sistema vasco de servicios sociales, un pilar del Estado de Bienestar que tendrá el mismo rango que la sanidad, la educación y las pensiones. Los servicios sociales se convertirán así en un derecho subjetivo, lo que significa que serán exigibles ante los tribunales por cualquier persona que lleve un año empadronada en cualquier municipio vasco.
En su dictamen, el CES también lamenta que no se haya profundizado en los criterios generales para acceder a servicios y prestaciones, lo que evitaría que el desarrollo reglamentario posterior "pudiese vaciar de contenido total o parcialmente el derecho subjetivo de acceso a los mismos". Otra de sus preocupaciones es que la participación de la iniciativa privada en la gestión de los servicios sociales. El diseño que recoge el anteproyecto de ley genera "incertidumbre" al CES, pues "no permite vislumbrar cuál vaya a ser su verdadero alcance".
Por otro lado, aboga por la creación de consejos sectoriales destinados a abordar las problemáticas específicas en infancia, mayores y discapacidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de abril de 2008