La Sala Especial del Tribunal Supremo se reúne esta mañana para examinar los recursos del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV) contra la propuesta de su ilegalización que presentaron el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. La Sala Especial o Sala del artículo 61 se reunirá a puerta cerrada y posiblemente comenzará las deliberaciones sobre admisión de las pruebas que hayan propuesto ambas formaciones en su contestación a las demandas de ilegalización y sobre las propuestas que lleven preparadas los magistrados ponentes Enrique Bacigalupo y Ricardo Enríquez.
La reunión, inicialmente prevista para las 10 de la mañana, podría sufrir algún retraso debido a que el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, debe asistir a la toma de posesión de los nuevos ministros del Gobierno.
La Sala Especial reanuda así el proceso de ilegalización del PCTV y ANV, instado en enero por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, y por el Ministerio Fiscal. Cada una de estas instituciones presentó sendas demandas de ilegalización contra las dos formaciones abertzales, en las que pidió cautelarmente que se les impidiese presentarse a las elecciones generales, lo que aceptó el Tribunal Supremo.
Fagocitados por ETA
Concretamente, la Abogacía del Estado fundamentó su demanda en que el complejo ETA-Batasuna había fagocitado a ambos partidos, apropiándose de su estructura y utilizándolos desde las elecciones autonómicas del 2005 y municipales de 2007 para obtener cobertura política y presencia institucional. También alegó que ambos partidos habían apoyado conductas de coacción social vinculadas al terrorismo en el País Vasco.
El Fiscal se centró en el apoyo político que el PCTV brindó a Batasuna, facilitando a los dirigentes de su Mesa Nacional incluso el local de su propia sede social. El Fiscal también aportó al Supremos datos sobre la "íntima conexión existente entre ANV y Batasuna" respecto a la gestión de fondos bancarios, cuya investigación policial puso al descubierto una verdadera estrategia de cooperación mutua.
El pasado 8 de febrero, el Supremo impidió la presentación de candidaturas de ANV a las elecciones y ordenó el bloqueo de la entrega de dinero público a este partido y al PCTV, al tiempo que el juez Baltasar Garzón suspendía por tres años las actividades de ambas formaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de abril de 2008