El informativo de la noche del lunes de Canal Sur abre con la salida de la cárcel de Albolote de Roca, el cerebro de la corrupción de Marbella. A la mañana siguiente, en Canal Sur Radio, la gente que llama a Tom Martín Benítez muestra su indignación. No piensan que la salida de Roca esté cubierta con las garantías necesarias para que este individuo no logre escapar a la acción de la justicia; de hecho, piensan que esa salida es un fallo de la justicia y están preparando una manifestación en contra de una decisión que consideran alarmante. Y no sólo la gente lega: en estas páginas había ayer opiniones de juristas que tampoco ven claro lo que está pasando con la Operación Malaya. La población no conoce los entresijos de estas decisiones y reacciona desde la intuición de un riesgo mayúsculo para la reparación del fraude fabricado en Marbella y se alarma ante la posibilidad de que en algún momento de esta larga historia haya habido instituciones del Estado, incluida la administración de justicia, que no han cumplido funciones básicas para la confianza en nuestro modo de vida.
Las reacciones de los no juristas, como las propuestas políticas de las víctimas del terrorismo, son dignas de todo el respeto, pero no pueden sustanciar las actuaciones del Estado. Las respuestas espontáneas tardan muy poco en degenerar: la sociedad retrocede a la horda y el hermano del presunto asesino de Mari Luz sufre ataques personales y en sus bienes que nadie va a reparar porque nadie va a cargar con la gravísima responsabilidad que entrañan.
Es el virus del riesgo -recuperen el artículo del martes pasado de Ulrich Beck en este periódico-, que en los extremos más opuestos de la escala social arruina la confianza en la vida social. Y el riesgo es, por lo menos desde los años ochenta, una variable determinante de la gestión de todo el sistema: gracias a la gestión del riesgo las compañías de seguros alcanzaron un poder que llegó a estar por encima del de los bancos nacionales e invertir en el riesgo fue una operación lucrativa mientras ese juego temerario transcurría en una situación de bonanza económica que ahora, cuando se ha venido abajo, ha dado paso al pánico.
Roca tiene que presentarse todos los días en el juzgado. Pero la asimilación de la cultura del riesgo y la prontitud de la alarma deterioran la reacción ciudadana, que parece pedir una prisión preventiva definitiva. El problema está en si sólo los ciudadanos legos son responsables de esta mala educación democrática.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de abril de 2008