La Oficina para el Comercio Justo (OFT, en sus siglas en inglés), el organismo encargado de velar por la libre competencia en la economía británica, acusó ayer a 112 empresas constructoras de ponerse de acuerdo para hinchar artificialmente las licitaciones de obra pública. Estas prácticas de cartel afectaban sobre todo a la construcción de escuelas, hospitales, viviendas y otras obras públicas promovidas por los ayuntamientos. Se estima que las obras licitadas superaron los 1.300 millones de euros.
Las empresas se ponían de acuerdo de manera que dos de ellas presentaban presupuestos exagerados y una tercera hacía una oferta por encima del precio del mercado pero claramente por debajo de las otras dos, con lo que ganaba el concurso.
El gremio se defendió ayer con el argumento de que se trata de una minoría de empresas y que en muchos casos lo que hacían era presentarse al concurso para no ofender al Ayuntamiento, pero con una propuesta exagerada para perderlo debido a que estaban ya saturados de trabajo. Sin embargo, 37 de las 112 empresas señaladas por la OFT han reconocido las acusaciones y están colaborando con las investigaciones porque así el castigo puede ser mucho menor. Otras 40 también lo han reconocido, pero de momento no están colaborando.
Las investigaciones empezaron hace tres años y las empresas que sean declaradas culpables pueden ser sancionadas con una multa de hasta el 10% de su facturación. El verano pasado, la OFT impuso a British Airways una multa de 121,5 millones de libras (155 millones de euros) por ponerse de acuerdo con Virgin para fijar los precios de los vuelos a EE UU.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de abril de 2008