El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo garantizó ayer su apoyo al alcalde y al concejal de Urbanismo en caso de que decidan no ejecutar la sentencia de derribo de una casa unifamiliar de Sampaio que incumple la normativa urbanística. Pese a la orden judicial, "hay que tener en cuenta el fuerte componente social", dijo el portavoz popular, José Manuel Figueroa. "Si hubiese una condena [contra el Ayuntamiento, por no ejecutar la sentencia], el PP no haría de ello una cuestión política".
Figueroa lamentó lo "injusto" de la situación en la que está la familia de Sampaio y recordó que hay sentencias que afectan a otras 2.000 viviendas en la ciudad, pero "lo más fácil es atacar a una familia débil", dijo.
El alcalde, Abel Caballero, replicó a los populares que, mientras sea regidor, el gobierno municipal no incurrirá en desacato, y subrayó que la última sentencia judicial es "de obligado cumplimiento" y con "responsabilidades penales" si no se cumple. Ante el auto judicial, añadió, el gobierno local "no tiene capacidad de maniobra". Precisó que "no se trata de una decisión política" y que los afectados tienen "toda la comprensión y simpatía" y una oferta de realojo por parte del Ayuntamiento.
Caballero confirmó que la multa impuesta por el juez a la gerente de Urbanismo por no ejecutar antes la demolición ya ha sido recurrida y que dicha demolición se producirá "de inmediato" ya que hay una parte de la casa que tampoco podría legalizar el nuevo plan general. El vecindiario de Sampaio, no obstante, vigila y se apresta a impedir la demolición como ya hizo el pasado 1 de octubre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de abril de 2008