El Departamento de Acción Social y Ciudadanía, que dirige Carme Capdevila, se ha propuesto poner el contador a cero y acabar en el mes de junio con las listas de espera para percibir las ayudas que marcar la Ley de la Dependencia. Sólo en marzo, 6.000 personas estaban fuera de plazo y no habían recibido las ayudas públicas.
Un plan de apoyo a las administraciones locales, dotado con tres millones de euros, deberá acelerar la elaboración de los planes individuales que especifican las ayudas que recibirá cada persona. El objetivo es lograr en junio que 37.318 personas tengan su programa de atención individual elaborado. De momento, los servicios más solicitados son los de plazas de residencia y, mayoritariamente, las prestaciones económicas para el cuidador familiar. El director del programa para el impulso y promoción de la dependencia, Jordi Tudela, reconoció ayer que todavía no hay suficientes plazas de residencia para cubrir las necesidades.
Tudela también se refirió a la incompatibilidad de prestaciones. El departamento estudia compensar con más servicios a las personas que por su pensión de invalidez no acceden a las ayudas de la Ley de Dependencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de abril de 2008