El Ayuntamiento de Madrid, que tiene cinco representantes en el consejo de administración de Metro, los mismos que el Gobierno regional, eludió ayer entonar el mea culpa por las palizas que vigilantes de seguridad del suburbano han propinado a varios usuarios y señaló sólo a esos empleados y a sus empresas.
Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa, se limitó a condenar las agresiones y a celebrar que la Delegación del Gobierno "haya adoptado medidas". "Las imágenes me parecen intolerables, y al margen de las medidas laborales que haya adoptado la empresa contratada por Metro, que me parece que ha supuesto la conclusión de los contratos, creo que tendría que haber además una correspondiente investigación judicial si esas agresiones vulneran derechos fundamentales", dijo el primer edil.
Más tarde, este periódico, a través de un portavoz municipal, intentó sin éxito conocer más detalles de cómo piensa abordar el alcalde de Madrid esta cuestión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de abril de 2008