Una medida "excesiva, excepcional y coercitiva". Así calificó ayer el Colegio de Periodistas de Cataluña la decisión de la juez Elena Carasol de prohibir informar sobre un crimen ocurrido el 21 de febrero en Barcelona. En una actuación sin precedentes en España, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de esta ciudad envió el pasado domingo a los Mossos d'Esquadra con un requerimiento en el que se instaba a EL PAÍS, El Periódico, la cadena SER y Catalunya Ràdio para que abstuvieran de informar sobre el caso y advirtiéndoles de que podrían incurrir en los delitos de revelación de secretos y desobediencia a la autoridad judicial.
El Colegio de Periodistas recuerda que el secreto de sumario invocado por la juez es una medida preventiva basada en una ley de 1882 que está destinada al personal judicial. Pero eso "poco se dice con la información que alternativamente puedan obtener los medios de comunicación, lícitamente", como ocurrió en este caso. En un comunicado difundido ayer, el Colegio reclama que la misma prevención que tiene la juez con las personas afectadas se aplique también antes de adoptar una medida tan lesiva como esa, "en perjuicio claro" del derecho constitucional a recibir información.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de abril de 2008