Cuando el presidente Evo Morales pugna porque las instituciones del Estado boliviano acepten una Constitución fuertemente indigenista -que hizo aprobar al margen de las reglas democráticas, sin los preceptivos dos tercios de la Cámara-, la rica provincia de Santa Cruz, que flota sobre hidrocarburos, ha votado por gran mayoría y en un clima de tensión a favor de un estatuto tan descentralizador que pretende establecer una relación confederal entre la provincia y el resto de Bolivia. Con alguna ironía, el prefecto de la provincia, Rubén Costas, uno de los líderes de la autodeterminación, decía que Bolivia se convertía así en "el Estado más descentralizado de América Latina". Y, también, en el primero en que una parte decide por el todo, como ocurre en algunos Estados federales y en todas las confederaciones, si no fuera porque la consulta ilegal era, sobre todo, un pulso político con La Paz.
Morales, que no ha querido convertir en un caso de guerra un referéndum celebrado al margen de cualquier Constitución, pasada o presente, ha pedido a la minoría blanca de criollos que domina la provincia que se preste a negociar una autonomía más realista con el poder central. Son palabras conciliadoras y en parte hijas de la impotencia, pero que se ajustan a la posición de la Organización de Estados Americanos, que media entre las partes. La Constitución boliviana prohijada por el presidente contempla una estructura autonómica más próxima a la de España que la concebida en Santa Cruz, que, pese a ello, también reclama su proyecto como inspirado por la descentralización española.
El ofrecimiento de Morales parece apuntar a una negociación con concesiones, que no llegaría al modelo aprobado en el referéndum de Santa Cruz, pero que iría más allá de lo previsto por La Paz. Este mal clima ha venido a crisparlo más el ubicuo Hugo Chávez, que el pasado fin de semana exhortaba a Morales a no ceder al chantaje; en parte porque piensa que toda radicalización, especialmente en un país tan desarticulado como Bolivia, juega en favor de lo que él llama socialismo del siglo XXI. Una situación tan fácilmente inflamable exige ahora enorme mesura a los líderes cruceños y sinceridad al presidente en su propuesta de diálogo. Pero también el replanteamiento de una Constitución que pueda ser aprobada democráticamente por los dos tercios de los diputados bolivianos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de mayo de 2008