La renovación parcial del Tribunal Constitucional, que el PSOE y el PP quieren pactar antes del verano, alterará sustancialmente el sentido y los plazos de la sentencia pendiente sobre los recursos del PP contra el Estatuto de Cataluña, ya que variará el equilibrio de fuerzas del tribunal. Por eso, los populares intentan retrasar la sustitución programada de cuatro magistrados, condicionándolo a una decisión previa del Constitucional que afecta al sistema por el que deben ser elegidos los sustitutos.
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La renovación afecta a tres magistrados propuestos en su momento por el PP y uno por el PSOE. La renovación cambiará el equilibrio de fuerzas. Es decir, la composición del nuevo tribunal sería mucho más desfavorable para el PP, autor del recurso contra el Estatuto.
Los dos partidos y fuentes del alto tribunal admiten que la renovación de los cargos ocasionaría más retrasos, ya que obligará a los cuatro nuevos magistrados a estudiar los recursos y podría llevar a emprender de nuevo las deliberaciones desde el inicio. La sentencia sobre el Estatuto catalán está prevista para octubre, pero podría retrasarse aún más si se procede ahora a la renovación. Fuentes del PSOE creen que el temor del PP a perder peso en la deliberación hace que retrasen ahora la renovación que se comprometieron a cerrar, junto con la del Consejo General del Poder Judicial, antes del próximo verano.
De hecho, fuentes del PP admiten que no abordarán la renovación hasta que el tribunal no dé el paso previo de resolver sobre el procedimiento. Es decir, hasta que no se falle otro recurso del PP, en este caso contra la reforma del Reglamento del Senado que permite que los parlamentos autonómicos propongan candidatos para el Constitucional. Los cuatro nuevos magistrados deben ser elegidos precisamente por el Senado con las propuestas de las cámaras territoriales, según prevé la propuesta recurrida.
Ese recurso fue admitido a trámite hace dos semanas y, según fuentes del Constitucional, podría ser resuelto antes de final de este mes. En todo caso, la posición del PP hace que el trámite de renovación se retrase y podría no estar culminado hasta después del verano, aunque se pactara antes. De esa forma daría tiempo a redactar la sentencia del Estatuto.
Los dos portavoces, José Antonio Alonso (PSOE) y Soraya Saénz de Santamaría (PP) han llegado a un acuerdo sobre la metodología de trabajo para mantener contactos de forma discreta, sin anunciar las reuniones y trabajar sin presión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de mayo de 2008