El PSPV acusó ayer al PP en la Generalitat valenciana de estar "boicoteando" la aplicación de la ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana al poner trabas a los afectados para acceder a las ayudas, una acción que califica de "fraude" a la sociedad valenciana. El diputado socialista Antonio Torres recordó que hay unas 150.000 personas dependientes en la Comunidad Valenciana, 22.000 de ellas consideradas "grandes dependientes", pero tan solo 7.000 ciudadanos están percibiendo las ayudas. La mayoría de estos casos además son personas que ya se encuentran atendidas en residencias o centros de día.
Y Torres interpreta que la Generalitat está "priorizando" estos casos, para beneficiar a los centros privados que atienden a estos colectivos frente a las personas dependientes a cargo de familiares en sus domicilios.
Desde la puesta en marcha de la ley de Dependencia, en abril de 2007, han fallecido en la Comunidad Valenciana un millar de personas que habían solicitado las ayudas y cuyos expedientes no habían sido resueltos. "Hay más de 30.000 valencianos en situación de total desamparo", advirtió el diputado socialista, quien recordó que el Síndic de Greuges ha recibido ya 700 quejas.
Por su parte, la también diputada autonómica socialista Pepa Frau pidió al Consell que justifique el destino de los 93 millones de euros que el Gobierno central destinó a la Comunidad para la aplicación de la ley y financiar infraestructuras que den servicio a las personas dependientes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de mayo de 2008