Hace justo un año que la Ley de Dependencia echó a andar de una manera efectiva. En la primera quincena del año pasado, la Diputación de Vizcaya registró el primer expediente en Euskadi de una persona discapacitada que solicitaba una valoración de su minusvalía con arreglo a la Ley de Dependencia. Desde entonces y hasta ahora, las tres diputaciones han recibido solicitudes de 45.827 personas, según los últimos datos ofrecidos por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, en una respuesta parlamentaria al PSE.
Las diputaciones ya han valorado la situación de 36.355 personas
De ellas ya han sido valoradas 36.355. Es decir, han sido informadas de los servicios y prestaciones a las que tienen derecho con relación a su grado de dependencia. La mitad de esa cifra, aproximadamente, corresponde a grandes dependientes. La ley recoge tres tipos de minusvalía: moderada, severa y gran dependencia. En principio, la previsión es que las prestaciones beneficien en el primer año a los grandes dependientes, un colectivo formado por algo más de 10.000 personas en la comunidad autónoma.
Los socialistas ya advirtieron hace unos meses a la consejería que iban a seguir "con lupa" todos sus pasos para asegurarse de que la ley se cumple, ya que habían apreciado "pocas ganas" en el Ejecutivo. La norma no entró con buen pie en Euskadi debido a la polémica suscitada por las diputaciones y el Gobierno con el Ejecutivo central, a quien acusaron de invadir sus competencias con la norma.
Los servicios que se prestan son los recogidos en el catálogo de la ley: residencia (para mayores o personas discapacitadas); centro de día (para mayores o discapacitados); servicio de ayuda a domicilio; teleasistencia; ayudas técnicas; prestaciones económicas (para cuidadores en el entorno familiar).
A la hora de obtener la valoración sobre su grado de minusvalía, las personas dependientes se dirigen a los ayuntamientos y piden un formulario solicitándola y otro para que lo rellene el médico. Los servicios municipales elaboran un informe social y envían el expediente completo a la diputación, cuyos servicios se encargan de evaluar la minusvalía del interesado, otorgarle unos puntos -sobre una escala de 0 a 100- y decirle qué grado de dependencia sufre según la puntuación. Hasta hora, las diputaciones resuelven los casos en una media de dos meses, aunque todo puede demorarse si la documentación es incompleta o incorrecta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de mayo de 2008