Los Ayuntamientos valencianos sufren ya los efectos de la crisis del ladrillo. El descenso de la actividad inmobiliaria y de las operaciones de compra y venta de solares y viviendas repercute sobre dos impuestos municipales, los que gravan la construcción y las obras (ICyO) y las plusvalías del suelo. Dos impuestos que engrosan los ingresos corrientes de los Ayuntamientos pero cuyo comportamiento durante los años del boom inmobiliario ha sido todo menos corriente. Ahora las finanzas municipales van a notar la bajada de ingresos.
"Van a tener problemas aquellos Ayuntamientos que apenas cubrían sus gastos corrientes -la nómina o las facturas de la luz- con sus ingresos corrientes -la recaudación municipal y las transferencias del Estado- y que no han tenido en cuenta el comportamiento extraordinario de algunos impuestos en los últimos años". Son palabras de un miembro de la Sindicatura de Comptes, que en la última cuenta general de las entidades locales que elabora cada año ya alertaba de la difícil situación de algunos Ayuntamientos.
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Entre los municipios cuyos problemas ya han salido a la luz pública se encuentran Castellón, Benidorm y La Vila Joiosa. Pero el problema es de más calado y afectará a muchos otros, que se verán obligados a elaborar planes de estabilidad, a recortar gastos o a poner en marcha medidas para compensar por otras vías la reducción de los ingresos por los impuestos sobre operaciones inmobiliarias. Ya en 2005, Castellón apenas cubría el 93% de sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes.
Ayuntamientos como Alboraia, Altea, San Juan, Tavernes de la Valldigna o Benicàssim, entre otros de cierto tamaño, se encontraban en situación similar. En todos ellos, cualquier inversión ha supuesto aumentar la deuda o vender patrimonio municipal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de mayo de 2008