Hay que poner en duda las negociaciones que, esta semana, inician los partidos con el fin de buscar un acuerdo en materia de financiación autonómica. Si bien Javier Arenas dice tender la mano ante la propuesta lanzada por Manuel Chaves, lo cierto es que hay escaso margen para el entendimiento. Sobre todo, después de conocer que el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, condiciona todo a la resolución que adopte el Tribunal Constitucional en relación al recurso contra el Estatut catalán. Esto es, se invalida cualquier acción política a la espera de lo que dicte el alto tribunal. Si es así, cabe preguntarse para qué están si no es para encontrar soluciones a los problemas que atañen a nuestra sociedad, como es el caso de establecer los recursos que se requieran para garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos.
Aun así, dando por buenas las intenciones del líder del PP andaluz, lo cierto es que el marco no deja de ser propicio. Hay base suficiente para fijar unos principios mínimos tal y como se recoge en el nuevo Estatuto andaluz, que apoyaron los propios populares. Un acuerdo aquí serviría de palanca para uno de carácter estatal y es precisamente esta trascendencia lo que lo hace más inalcanzable, ya que resulta difícil imaginar a Arenas llevando la contraria a los suyos. Puede que tengan la tentación de tensar la cuerda más de lo preciso, pero han de saber que corren el riesgo de quedarse sin argumentos ante la opinión pública, ya que ni siquiera esa acusación de supuesta connivencia de Chaves con los catalanes es válida, sobre todo después de salir Francisco Camps recalcando que la demanda de financiación, tanto de Valencia como de Cataluña, "no quita un euro a nadie". Recordar que Camps es el principal aliado de Arenas en el PP.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de mayo de 2008