El homenaje institucional a las víctimas del terrorismo que, por segundo año consecutivo, organiza el Gobierno vasco por mandato del Parlamento autonómico, quedó ayer marcado por la emotividad y el recuerdo del último crimen etarra, el asesinato el miércoles del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava). Con más protagonismo de las propias víctimas que el año pasado, los discursos de cuatro de ellas resumieron las duras experiencias de todos los afectados y sus reflexiones sobre los compromisos que tanto la sociedad como las instituciones tienen con ellos. Recordaron que la deuda de la sociedad es el compromiso "prioritario y activo", encabezado por los politicos, de deslegitimar el terrorismo. Y aseguraron que nunca se agradecerá suficiente a las víctimas que no hayan reaccionado contra sus agresores, "agitando así un proceso de enfrentamiento civil".
MÁS INFORMACIÓN
No se llenaron los 1.700 asientos del Auditorio del Kursaal donostiarra, pero no faltaron las más de 500 víctimas y sus familiares invitados, con presencia de todas las asociaciones, salvo la AVT y la vasca Covite, que declinó su asistencia tras haberla confirmado inicialmente. Sin embargo, al menos tres miembros de su directiva acudieron a título personal.
Tampoco estuvo el PP, único partido democrático que se desmarcó del acto "para no dar cobertura" a Ibarretxe, según insistía ayer su portavoz parlamentario vasco, Leopoldo Barreda.
La directora de la Oficina vasca de Víctimas, Maixabel Lasa, única voz institucional, aprovechó para alertar del riesgo de la resignación y la indolencia ante la falta de libertad. Por ello, advirtió de que la prioridad política hoy en día está en que tantos miles de amenazados recuperen su libertad para ser "actores políticos con todas las garantías". Incidió también en el mensaje con que se quiso caracterizar el acto: la deslegitimación social y política de la violencia.
Las intervenciones de las víctimas arrancaron aplausos de un público emocionado, que sacaba los pañuelos sin rubor para secar las lágrimas. Abrió el turno el guardia civil Leoncio Sainz, gravemente herido en Galdakao (Vizcaya) en 1984, quien, tras enorgullecerse de su condición de agente, destacó que no se quita de la cabeza el llanto de los niños en el cuartel de Legutiano y se preguntó "¿cómo puede el terrorista mirar a sus hijos tras haber hundido la vida de esos niños?".
El padre de Jesús Maria Arana fue asesinado por los Grupos Anti Eta (GAE), una de las siglas de la guerra sucia, en Alonsotegi (Vizcaya), en 1980. El crimen está impune. "No queremos venganza, sólo justicia y honrar la memoria de nuestro padre", dijo. Santos Santamaría, padre de un mosso asesinado en 2000, constató que las cosas están cambiando poco a poco, pero falta por lograr la unidad de los partidos contra ETA, "el arma que temen los asesinos". Por último, Iñaki García Arrizabalaga, hijo del delegado de Telefónica asesinado por los Comandos Autónomos en 1980, dijo que observa "fisuras y contradicciones" a la hora de deslegitimar la violencia por parte de los políticos vascos. "¡Pierdan los miedos!", les dijo alentándoles a asumir ese compromiso ético e inequívoco.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de mayo de 2008