El presidente del Consello Económico e Social (CES), Pablo Egerique, acusó ayer a la Xunta de comportarse "más como un promotor inmobiliario que como una Administración pública" con decisiones como la obligación de ceder el 40% del suelo para pisos protegidos, contenida en la Lei de Vivenda, aprobada por el bipartito. En una entrevista concedida a la Cadena SER, Egerique reclamó más flexibilidad a la Administración autonómica en la aplicación de la medida y recalcó que, aunque en principio está a favor de la medida, encuentra defectuosa la aplicación de la norma.
El responsable del CES auguró un "retraimiento" en el sector inmobiliario como consecuencia de la nueva ley y lamentó que la Consellería de Vivenda no hubiese utilizado su registro de demandantes de pisos protegidos como un barómetro "flexible" para trazar la política de vivienda pública.
No fue éste el único reproche que el máximo responsable de este órgano consultivo lanzó ayer al bipartito para respaldar su independencia. Según Egerique, "la Xunta se preocupa más por contestar al CES que de seguir las recomendaciones" de sus dictámenes.
"Soy independiente"
De ese modo, quiso recalcar "la independencia política" en la realización de sus informes, que en su opinión deben seguir siendo consultivos y no vinculantes porque de lo contrario se corre el riesgo de que se cambien programas de gobierno que han votado los ciudadanos.
El presidente del CES se refirió además a la situación económica que vive España -que calificó de "crisis"- y auguró que ésta "durará al menos dos años, por lo que Galicia, a pesar de contar con un colchón suficiente para afrontar el período de desaceleración deberá apretarse el cinturón". Egerique pronosticó que los sectores naval, automovilístico y textil tirarán de la economía gallega y auguró que la pequeña y mediana empresa será la más perjudicada.
Sí coincidió el responsable del CES con la postura que mantiene el Gobierno gallego en el debate sobre el modelo de financiación abierto en el resto del Estado. Se mostró partidario de la "cooperación y la solidaridad" entre autonomías y de que el Gobierno central tenga en cuenta los criterios que encarecen la educación y la sanidad gallega, como el envejecimiento y la dispersión de la población.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de mayo de 2008