El juez Miguel Florit, que investiga un caso de supuesta corrupción urbanística, con posibles pelotazos de hasta 300 millones de euros, remitió ayer una providencia a Rosa Estarás, presidenta del PP de Baleares, instándole a que deje de presionar a testigos y de interferir en las labores de instrucción porque puede ser encausada por un delito de obstrucción a la Justicia. Estarás había anunciado que se querellará contra quienes la señalan como participante en las reuniones en las que se gestó el Plan Territorial de Mallorca.
La ex consejera de Obras Públicas y diputada Mabel Cabrer ha sido también advertida por el juez. Estarás y Cabrer requirieron por vía notarial a un testigo para que rectificara sus acusaciones. "Nosotras, en base a la tutela judicial efectiva, quisimos colaborar con la Justicia para hallar la verdad, nunca interferir. Es una falsedad decir que participamos en cualquiera decisión importante [sobre el Plan Territorial]. Falso", manifestó anoche Cabrer.
A raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, el diputado y ex consejero balear Jaume Font (PP) está citado como imputado sobre las permutas de solares para el aprovechamiento inmobiliario de terrenos rústicos comunes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de mayo de 2008