El conflicto entre administraciones por las ayudas públicas del alquiler amenaza con prolongarse. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la renta básica de emancipación que puso en marcha el Gobierno central a finales del año pasado. Madrid considera que esa ayuda de 210 euros al mes para jóvenes invade las competencias de vivienda que la Constitución otorga a los ejecutivos regionales.
Se trata del tercer recurso que acepta el Constitucional contra esta ayuda que ya perciben 15.000 jóvenes en todo el país, según datos del Ministerio de Vivienda. También La Rioja y Comunidad Valenciana, gobernadas, al igual que Madrid, por el Partido Popular, recurrieron a la máxima instancia judicial contra la subvención al alquiler.
Las disputas entre administraciones están ralentizando la puesta en marcha de esta medida del Gobierno que gestionan las comunidades. Pese a ser la que más peticiones ha recibido, Madrid sólo ha abonado el 1% del total.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de junio de 2008