Las quejas de los propietarios de viviendas ilegales en Chiclana han movido al Ayuntamiento, gobernado por un cuatripartito formado por el PP, IU, PSA y PA, a buscar fórmulas legales para intentar abaratar este proceso. Entre esas medidas, el Consistorio prevé destinar unos 31 millones de euros procedentes de las partidas que los dueños de esas casas paguen para urbanizar esas zonas. También reducirá el porcentaje del valor catastral que se aplicará y se bajará el precio de las licencias de obras.
El concejal de Urbanismo, José Pedro Butrón, mantiene que se han buscado todas las fórmulas legales posibles para abaratar este proceso con el que el Ayuntamiento pretende regularizar unas 15.000 viviendas, según los cálculos municipales. Butrón ha desarrollado la idea gestada por el anterior gobierno socialista para administrar esta legalización a través de una oficina pública.
"El principal escollo es el coste que va a suponer para los dueños", reconoció ayer el edil de Urbanismo. Ese importe todavía no está concretado de manera oficial a la espera de que se aprueben definitivamente las ordenanzas municipales que concretarán las cantidades que serán necesarias para sufragar los impuestos, los proyectos arquitectónicos y costes de urbanización. Una valoración previa sitúa que sólo el gasto por la construcción interior y las conexiones interiores oscila entre los 20 y 36 euros por metro cuadrado, en función de la zona.
Para solventar estas dificultades económicas, el Ayuntamiento ha anunciado rebajas en varios frentes. Según detalló Butrón, la ley de patrimonio permite que un 25% de la recaudación por los aprovechamientos urbanísticos puedan reinvertirse en esos costes de urbanización.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2008