Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aseguró ayer que no tiene constancia de que la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por presunto delito fiscal y contra la Administración Pública, esté paralizada. En su opinión, la causa se tramita con normalidad. El caso Fabra está en el Juzgado de Instrucción 1 de Nules. Desde que se iniciara la instrucción, en 2004, han sido ocho los jueces que han pasado por ese juzgado. El de Nules responde al perfil de juzgado de tránsito para mejores destinos, o por razones geográficas o por iniciarse en un juzgado nuevo sin la pendencia que acumulan la mayoría. López, sin embargo, sí afirmó que la constante sustitución de jueces, que en ese juzgado afecta a una causa compleja, "habrá que estudiarlo como algo global que tienda a mejorar el modelo de la carrera judicial en cuanto a la estabilidad de los jueces en sus destinos".
Enrique López añadió que el modelo de acceso y circulación en la carrera judicial "debe trascender al caso Fabra", y estudiarse en global. De hecho, el portavoz del CGPJ recordó que "la única forma de poder cambiar la cobertura de órganos judiciales con categoría de juez está en la ley orgánica, en el Parlamento de la nación".
El portavoz del CGPJ estuvo ayer en Valencia para respaldar el plan de choque de juzgados penales que se ha propuesto el consejero de Justicia de la Generalitat, Fernando de Rosa. Quiere 11 juzgados penales nuevos en 2009 para luchar contra la acumulación de causas, especialmente la tramitación de las sentencias que ya son firmes. Ese encuentro fue usado por De Rosa para criticar de nuevo que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo porque no le haya recibido aún.
El respaldo del CGPJ al plan de De Rosa es testimonial, de momento. Solo sirve para que si el ministerio, único competente en la creación de juzgados tanto en número como en tipo de materia a juzgar, accediera a aumentar el número de juzgados penales, la consejería pudiera situar la sede física fuera de la adscripción concreta. Es decir, un nuevo penal para Valencia podría estar en Gandia, por ejemplo, y resolver así los problemas que afronta ese partido judicial. Esa posibilidad está recogida en un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al que se ha acogido De Rosa. Pero si el ministerio no aprueba penales, el plan no se podrá poner en marcha.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2008