La reforma penal que tipifica como delito circular con el carné retirado, suspendido o sin haberlo obtenido nunca parece que ha llevado a más gente ante el juez que a las autoescuelas. Desde el pasado 1 de mayo, cuando comenzaron a tipificarse estas conductas como delito, 1.412 personas fueron puestas a disposición judicial tras ser arrestadas por la Guardia Civil o los Mossos d'Escuadra.
El 92,2% de los arrestados no se había examinado nunca
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Sin embargo, en los centros que preparan a los aspirantes a conductores apenas se ha notado el incremento, salvo en zonas muy puntuales. El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, declaró a Europa Press que en algunas comunidades autónomas "tienen los mismos alumnos" que otros años, mientras que otras han registrado un crecimiento de "algo menos de un 2%". Las autoescuelas calculan que alrededor de 60.000 personas conducen en España sin carné.
El 92,2% de los arrestados en el primer mes de aplicación de la medida penal, o nunca acudieron a los centros o jamás se examinaron o no lograron superar las pruebas. Otro grupo importante corresponde a quienes están privados cautelarmente del carné por decisión judicial: más de medio centenar. También han sido detenidas más de una decena de personas que tenían prohibido volver a ponerse al volante de por vida.
La reforma del Código Penal en materia de seguridad vial entró en vigor en diciembre en lo que respecta a la conducción superando ampliamente los límites y a las tasas de alcoholemia permitidas, sin embargo, ofrecía una moratoria de cinco meses a los conductores que carecían de carné para darles tiempo a que se examinaran. Y el pasado mes de marzo, la Dirección General de Tráfico envió una carta a las 25.000 personas que fueron pilladas a lo largo del año pasado por circular sin estar autorizadas para ello, dándoles un último aviso para que acudieran a las autoescuelas.
Infringir la ley está castigado en estos casos con prisión de tres a seis meses o una multa que puede rondar los 2.000 euros, que se acompaña de hasta 90 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Según fuentes de la Fiscalía de Seguridad Vial, los ingresos en la cárcel son todavía una excepción porque los fiscales no están pidiendo estas penas, salvo en los casos de reincidencia o para personas con condenas de prisión suspendidas. En el 90% de los casos, el infractor reconoce los hechos ante el juez y así logra una rebaja un tercio la pena.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2008