Durante los últimos años, la empresa pública Retegal y la Universidad de Vigo desarrollaron un proyecto de satélite para la investigación. Es el único prototipo español de los 25 presentados que ha sido seleccionado por la Agencia Espacial Europea para que forme parte del vuelo inaugural de la lanzadera espacial Vega, el próximo invierno desde la Guyana francesa. La noticia la facilitó ayer el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, después de que el Consello conociese el informe que da cuenta de la aprobación del proyecto por la Agencia Espacial Europea.
El Consello decide presentar recurso al Constitucional contra el Gobierno central
El artefacto, bautizado como Dieste, es un picosatélite del tipo CubeSat que tiene como objetivo la investigación en el campo de las comunicaciones digitales, la mejora de los sistemas fotovoltaicos de satélites y el desarrollo de metodologías para la gestión de satélites de comunicación. Además de Retegal y la Universidad, participan en el consorcio del satélite el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Espacial Europea. El Dieste fue seleccionado junto a otras siete iniciativas de distintos países europeos.
El titular de la Xunta consideró que con la participación del picosatélite gallego en el vuelo inaugural de la lanzadera Vega, la Universidad de Vigo se coloca en una "posición puntera" dentro de este "sector estratégico". El satélite, con un tamaño de un decímetro cúbico y un kilo de peso, es un proyecto liderado por el investigador de la universidad viguesa Fernando Aguado.
Touriño dio cuenta de la selección del satélite tras presidir un Consello de la Xunta que aprobó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una orden del Ejecutivo central, la que regula la concesión de subvenciones para servicios sociales. "Forma parte del diálogo complejo pero habitual entre las comunidades autónomas y el Gobierno", explicó Emilio Pérez Touriño. El objetivo no es otro que conseguir que la próxima orden del Gobierno "no se vuelva a hacer en las mismas circunstancias", agregó en la conferencia de prensa posterior al Consello.
La orden ministerial "estaba mal planteada", añadió el presidente gallego. La Xunta entiende que la norma recurrida ante el Tribunal Constitucional vulnera el reparto competencial establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, al atribuir por completo al Estado las subvenciones sobre una materia que es competencia exclusiva de la comunidad gallega, de acuerdo con el Estatuto de Galicia, según la interpretación del Gobierno autonómico.
Este tipo de conflictos, argumentó Touriño ,"no enturbian ni limitan en nada las relaciones de cooperación entre instituciones". El aprobado ayer es el sexto conflicto de estas características que promueve el bipartito contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después de que la Xunta llevara al Constitucional los parques eólicos marinos y la atribución del Estado de los recursos del IRPF destinados a fines de interés social, entre otros asuntos. Entre ellos, el de los fondos de formación continua, que sigue sin resolverse, al igual que el presentado contra la reforma de la Ley del Sector Eléctrico. El Ejecutivo central, mientras, recurrió la Ley de Derecho Civil de Galicia.
Touriño también se refirió tras el Consello a la nueva tarifa social de electricidad anunciada por el Gobierno. Según los cálculos del presidente, una de cada cinco familias gallegas pagará un 10% menos en su factura, aunque lamentó que la tarifa suba en julio entre el 5% y el 6%. "No es una buena noticia", asumió. No obstante, puntualizó que el anuncio realizado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, "es de momento un avance", por lo que reclamó "prudencia".
Touriño distinguió esta subida de la electricidad de la inminente desaparición de la tarifa nocturna, que volvió a criticar. Se trata de una medida "desacertada, desafortunada e injusta", opinó el titular del Gobierno gallego. Agregó que la Xunta trabaja para que se "pueda corregir" el cambio tarifario, con el fin de que los consumidores "no tengan que soportar directamente el cambio".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2008