ANDREA RIZZI
Clint Williamson es el responsable de la Oficina de Crímenes de Guerra del Departamento de Estado de EE UU, desde la que asesora directamente a Condoleezza Rice. Antes, Williamson fue fiscal en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Concedió esta entrevista, con tono elegante y a la vez cercano, el mes pasado, en Madrid.
Pregunta. Han ratificado 106 países el tratado que instituyó el Tribunal Penal Internacional (TPI). EE UU no figura entre ellos. ¿En qué modelo de justicia cree EE UU en tema de crímenes de guerra?
"El Tribunal Penal Internacional no da garantías contra abusos de la fiscalía"
Respuesta. Nosotros creemos que la prioridad debe ser la utilización de las jurisdicciones nacionales. Lo ideal es que los crímenes se juzguen donde se producen, que la gente vea de cerca que se hace justicia. Naturalmente, eso no es siempre posible, y a veces hay que recurrir a tribunales con una componente internacional. EE UU cree en la importancia de un sistema internacional, pero no podía aceptar el TPI tal y como está planteado.
P. ¿Por qué?
R. La estructura en la que ha quedado plasmado no ofrece garantías suficientes respecto a los poderes de la fiscalía. Hace falta un contrapeso para prevenir procesos con una base sólo política.
P. El fantasma de los presidentes en el banquillo...
R. Después de los bombardeos por Kosovo hubo quienes querían procesar a Bill Clinton. Nadie hablaba de Blair o Chirac, pese a que aquella fue una operación de la OTAN. Era una cuestión política. La fiscalía actuó razonablemente, entonces. Pero hacen falta garantías institucionales, no podemos sólo confiar en la honradez de las personas.
P. Varios analistas y parte de la opinión pública europea creen que EE UU no somete a un adecuado y neutral escrutinio los posibles crímenes de guerra cometidos por sus ciudadanos.
R. Para condenar hacen falta pruebas. Ocurren muchas tragedias, pero no siempre hay una intención criminal por parte de quienes las causan. Muchos soldados estadounidenses han sido condenados por crímenes de guerra. Algunas violaciones han sido un duro golpe para la imagen de EE UU, pero debería tenerse en cuenta que fueron denunciadas por soldados, que los medios han investigado, que la justicia ha emitido condenas. El sistema ha reaccionado.
P. Guantánamo es uno de los elementos que mayor daño hace a la imagen estadounidense.
R. Hemos sacado de allí ya un número muy importante de personas. Ha habido en Guantánamo unos 800 detenidos, ahora quedan 270. Hay algunos otros detenidos pendientes de salir. Buscamos países terceros que los acepten, tememos que sean torturados en los suyos.
Un sistema en entredicho
- La ley de Comisiones Militares, aprobada en 2006, decreta que los "combatientes enemigos", que luchan sin respetar las leyes de guerra, sean juzgados por tribunales militares especiales, fuera de los procedimientos ordinarios.
- El Tribunal Supremo reconoció el derecho de los presos de Guantánamo a ser juzgados por tribunales civiles, pero la Administración Bush ha mantenido, con algunas reformas, el sistema.
- El régimen de juicio es menos favorable para los acusados respecto al ordinario. La condena puede ser dictada con dos tercios de los votos, en lugar de la unanimidad exigida en tribunales civiles. Pruebas obtenidas bajo coerción -pero no tortura- o testimonios indirectos son admisibles.
- La práctica del ahogamiento simulado, el waterboarding, es uno de los puntos críticos. Según la Administración Bush, no es tortura. Al menos uno de los presos juzgados en Guantánamo ha sido sometido a esa práctica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2008