Con buen criterio, el Gobierno parece haber articulado un conjunto de medidas económicas que, si bien no resolverán los problemas que genera a corto plazo el intenso empeoramiento de la economía, con sus secuelas de paro e inflación, al menos contribuirán a mejorar moderadamente las condiciones estructurales de la economía española. La apuesta por la inversión en renovar las cada vez más envejecidas infraestructuras del turismo es una apelación imprescindible al mercado turístico como motor de cualquier recuperación económica. Acierta el ministro de Industria cuando señala que la inversión en ese mercado tendrá el doble efecto de potenciar una actividad decisiva para la riqueza nacional y, al tiempo, estimulará la creación de empleo. Igualmente correctas son las propuestas de ampliar la banda ancha, la apuesta por renovar el parque automovilístico que se aprecia en el nuevo Plan Renove o la ampliación de los créditos oficiales a pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, los puntos débiles del plan expuesto el miércoles por Miguel Sebastián suscitan serias dudas sobre su eficacia. La subida de las tarifas eléctricas en un 6% no resuelve el problema de la deuda acumulada por los consumidores, que equivale a casi 600 euros de cada uno de los usuarios con las compañías eléctricas. Industria ha recurrido a un parche ingenioso de una subida moderada, aunque onerosa en tiempos de crisis, combinada con la promesa de una tarifa social. Pero no ataca la cuestión de fondo: la urgencia de que los precios encaucen el ahorro en el consumo. Industria tendrá que ir trampeando con nuevas subidas semestrales de la luz y no podrá evitar la irritación de los ciudadanos.
Cada día que pasa es más acuciante resolver el gravísimo problema creado por la brusca subida de los precios del petróleo. El Gobierno está obligado a poner en marcha un Plan de Ahorro Energético, en el cual los precios deben ser la palanca principal, con el fin de mejorar la eficiencia energética de la producción y reducir la dependencia del petróleo importado. Es una receta imprescindible para bajar la factura energética. Gran parte de la valoración del plan anticrisis debe aplazarse, pues, hasta tanto no se conozca la estrategia energética detallada que propone la Administración.
No hay que hacerse ilusiones sobre la efectividad a corto plazo del plan anticrisis. Sus beneficios sobre el empleo son limitados -las inversiones en redes turísticas requieren acuerdos con las autonomías que pueden eternizarse- y a medio plazo resulta excesivo suponer que las medidas, algunas muy imprecisas, contribuirán a cambiar el patrón de crecimiento. Hubiera sido más útil una rebaja mayor -y coyuntural- de impuestos con el fin de que los ciudadanos se defiendan mejor del choque de precios. Al menos, el Gobierno no ha salido en tromba a remediar con subvenciones los desajustes sectoriales. Que siga así.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de junio de 2008