El Defensor del Pueblo estatal, Enrique Múgica, abogó ayer por plantear una reforma en la ley que regula esta institución para ampliar su ámbito competencial a las empresas públicas que se han privatizado. Tras recodar que el ámbito del Defensor es lo público, Múgica señaló que en los últimos 25 años han sido muchas las privatizaciones de empresas públicas sobre las que es imposible actuar.
"Cuando tenemos que dirigir una reclamación o una queja no podemos hacerlo directamente a las empresas, sino a la administración supervisora para que se dirijan a ellas", se lamentó el Defensor del Pueblo, tras indicar que la reforma debería tener en cuenta el objetivo de la queja con independencia de la titularidad de la institución afectada.
Al cumplirse el 25º aniversario de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza (Jaén) acoge unas jornadas en las que se analizan los retos de los defensores ante el nuevo marco estatutario y a la que asisten, entre otros, los defensores de Andalucía, País Vasco, Cataluña y Galicia.
La institución del Defensor el Pueblo Andaluz fue la primera de ámbito autonómico que aprobó su ley reguladora y comenzó su andadura en 1983. En su trayectoria de un cuarto de siglo de funcionamiento, José Chamizo indicó que esta institución ha desarrollado una "intensa actividad" que se ha traducido en la tramitación de unas 80.000 quejas, la elaboración de 40 informes especiales, la atención y orientación permanente a los más de 100.000 personas y la realización de numerosas intervenciones de mediación, promoción, divulgación y difusión de derechos.
Chamizo recordó que el Defensor del Pueblo aparece en el Estatuto de Autonomía de Andalucía como el garante de los derechos sociales, algo que debe tenerse en cuenta a la hora de plantear cualquier reforma. "Tenemos que cambiar la ley por imperativo legal, pero lógicamente no queremos un cambio frío o rígido, sino un cambio que produzca bienestar en los hombres y mujeres de Andalucía. Es decir, establecer un pasito más en lo que puede ser el poder del Defensor, no para tener más poder, sino para evitar determinadas frustraciones que a veces tienen las personas cuando se dirigen al Defensor y no les pueden resolver el tema", señaló Chamizo. A su juicio, cuestiones como el acceso a la vivienda, la la salud, el establecimiento de una renta básica, el ámbito competencial o el derecho a una buena administración deben ser cuestiones a abordar en la reforma.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y catedrático de Derecho Constitucional, Juan Cano Bueso, fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de este encuentro. Cano recordó que la institución del Defensor del Pueblo partió en un contexto de indefinición, pues, "aunque las competencias estaban consagradas en los Estatutos no había una clara diferenciación o delimitación de funciones entre el Defensor del Pueblo estatal y los autonómicos". No obstante, agregó que el estado autonómico "ha consolidado en paralelo unas instituciones que están jugando un papel social muy importante desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los ciudadanos individuales y colectivos ante las Administraciones públicas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de junio de 2008